El mayor escándalo financiero de la historia reciente de Paraguay ha alcanzado su punto más crítico tras la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de ordenar la intervención y cierre definitivo de Ueno Bank. La entidad financiera, que cuenta con casi tres millones de clientes —lo que representa a la mitad de la población total del país, de seis millones de habitantes—, concentraba cerca del 8% del mercado bancario nacional.

Tras la medida de clausura, la Fiscalía paraguaya solicitó prisión preventiva para Miguel Vásquez, uno de los fundadores de la institución, además de arresto domiciliario para otros siete altos ejecutivos y el procesamiento de 27 personas por presuntas maniobras ilícitas.

Red de préstamos vinculados y el colapso del ‘cronicapitalismo’

Las investigaciones judiciales apuntan a un esquema masivo de irregularidades financieras centradas en la concesión discrecional de préstamos y sobregiros a empresas pertenecientes al mismo grupo económico. De acuerdo con análisis del economista Víctor Benítez, la caída de la entidad dejó al descubierto la quiebra de un modelo de «capitalismo de cuates» que sobrepasó los límites legales al canalizar capital hacia empresas vinculadas, configurando un esquema de autopréstamos que comprometió severamente la solvencia del banco.

El escándalo provocó la dimisión inmediata del presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, quien anteriormente había dirigido la financiera que dio origen a la institución intervenida. Aunque el Ejecutivo propuso inicialmente al economista Raúl Vera Bogado para asumir la titularidad del BCP, la nominación fue rechazada de manera tajante por el Congreso Nacional en medio de un acelerado ambiente de tensión política.

Vínculos con el Poder Ejecutivo y solicitud de juicio político

La crisis financiera escaló rápidamente al ámbito institucional tras la presentación de un pedido formal de juicio político en el Poder Legislativo para remover de su cargo al presidente de la República, Santiago Peña. Las acusaciones contra el mandatario se centran en un conflicto de intereses y el uso de la denominada «puerta giratoria»:

• Participación accionaria: Peña mantuvo participación en el capital social (equity) dentro del holding propietario de la entidad bancaria hasta hace aproximadamente doce meses.
• Desvío de fondos públicos y previsionales: Se investiga el direccionamiento sistemático de recursos del Tesoro Nacional y del Instituto de Previsión Social (IPS) para inyectar liquidez y comprar acciones en el banco durante días en que la entidad ya registraba serios problemas de solvencia y pérdida de clientes.

Cobertura de depósitos y margen de riesgo sistémico

Pese a la magnitud del volumen de usuarios afectados, las autoridades y analistas financieros precisaron que no se trata de una crisis sistémica que comprometa a la totalidad del sistema bancario paraguayo, sino de un evento focalizado en la alta capilaridad social de este banco en específico.

Indicador y Detalle de la Crisis	Cifras y Estatus Registrado
Alcance en usuarios	Cercano a 3 millones de clientes (50% de la población de Paraguay).
Cuota de mercado del banco	Representa aproximadamente el 8% del sistema bancario.
Fondo de emergencia para ahorristas	1,400 millones de dólares para devolución a pequeños ahorristas e IPS.
Directivos con prisión / arresto	Prisión preventiva para fundador Miguel Vásquez y 7 en arresto domiciliario.
Situación política del presidente	Negociación en el Congreso para reunir votos de juicio político.

El gobierno paraguayo ha intentado sofocar la incertidumbre mediante la apelación a una ley de emergencia que dispone de un fondo de garantía de 1,400 millones de dólares, monto que se considera suficiente para respaldar los depósitos de los pequeños ahorristas y restituir parte de los fondos de pensiones sustraídos del IPS. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se negocian las bancadas para determinar si existen los votos necesarios para destituir al jefe de Estado.