En un acontecimiento sin precedentes que estremece las estructuras de la seguridad pública y las fuerzas armadas de nuestra nación, la Procuraduría General de Justicia Militar ordenó el arresto formal de tres altos oficiales del Ejército Mexicano que se desempeñaban como jefes de los agrupamientos de élite de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). La drástica medida judicial se derivó de haber incurrido en graves contradicciones, declaraciones falsas y modificaciones deliberadas en sus testimonios en torno a los sangrientos sucesos del pasado 8 de septiembre en la colonia Buenos Aires. Aquella violenta jornada culminó en una balacera inicial y, posteriormente, en el atroz ajusticiamiento de seis jóvenes civiles.
La histórica resolución fue dada a conocer en una conferencia de prensa de alta urgencia efectuada en la Sala de Juntas del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El anuncio estuvo encabezado por el procurador general de Justicia Militar, el general brigadier Marcial Macedo de la Concha, quien estuvo flanqueado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el doctor Luis de la Barreda Solórzano, y el procurador de justicia capitalino, Lorenzo Thomas.
Las contradicciones y mentiras que hundieron a los oficiales
De acuerdo con el detallado informe presentado por el general Macedo de la Concha, la justicia militar inició la averiguación previa SC/306/97/XII tras una petición expresa emitida el pasado 6 de noviembre por el ombudsman local al presidente de la República, Ernesto Zedillo, solicitando indagar a fondo los hilos conductores que involucraran a mandos castrenses comisionados en la policía preventiva.
Las auditorías de los testimonios e indicios periciales sepultaron las coartadas de los mandos policiales-militares implicados:
- General Brigadier José Lamberto Ponce Lara (Jefe del agrupamiento Zorros): Tenía la orden estricta de asistir y coordinar en el terreno el operativo del 8 de septiembre, orden que desobedeció inexplicablemente delegando el mando en un subalterno. Además, al iniciarse las investigaciones, intentó encubrir la magnitud de las fuerzas desplegadas presentando ante el Ministerio Público a únicamente seis elementos del grupo Zorros, ocultando que en realidad participaron 21 uniformados.
- Coronel de Caballería Jesús Alonso Valdez (Jefe del agrupamiento Motopatrullas): Se constató que omitió ejercer sus facultades de mando y no tomó ninguna acción administrativa ni operativa para esclarecer las conductas delictivas, a pesar de que personal bajo su cargo directo se vio involucrado en la detención ilegal de los civiles. Sus comparecencias presentaron flagrantes contradicciones y falsedades documentadas.
- Teniente Coronel de Infantería Moctezuma Ilhuicamina Cepeda Rodríguez (Jefe del agrupamiento Jaguares): Incurrió en falsedades respecto a sus movimientos de supervisión en la zona. Mientras sus tropas coordinaban el cerco y traslado en camiones, él se desplazaba de manera paralela en un vehículo particular con personal auxiliar.
Crónica de un operativo viciado: Ensayos previos y desvío de detenidos
Las investigaciones forenses de la procuraduría militar —apoyadas de forma gráfica ante los reporteros— echaron por tierra las versiones iniciales de la SSP que apuntaban a un hecho fortuito provocado por “la adrenalina del momento”. Las bitácoras revelaron que los agrupamientos Zorros, Jaguares y Motopatrullas efectuaron reconocimientos de campo y ensayos previos antes de irrumpir en la Buenos Aires, en una orden que debió ser conjunta con la procuraduría civil pero que la policía preventiva operó de manera independiente.
A las 15:30 horas del 8 de septiembre, el contingente de los Zorros arribó desde Tláhuac al cuartel de Balbuena, partiendo en dos autobuses con 20 integrantes de los Jaguares y 21 elementos zorros. Al llegar al sitio, un altercado con los tripulantes de un automóvil particular derivó en una balacera donde perdieron la vida un civil y un policía vestido de civil.
Fue en ese instante crítico cuando las fuerzas de seguridad retuvieron ilegalmente a tres jóvenes civiles, subiéndolos al camión de los Zorros. Las transcripciones de los radiocomunicadores de la propia policía —analizadas minuciosamente en la indagatoria militar— hacen referencia directa al seguimiento de un vehículo Golf color blanco que transportaba detenidos. El autobús criminal no trasladó a los sospechosos ante el Ministerio Público; en su lugar, se dirigió primero a Balbuena y posteriormente enfiló hacia la zona desolada de Tláhuac, donde los jóvenes aparecieron ejecutados horas más tarde.
El hermético silencio sobre el General Salgado Cordero
Un aspecto que acaparó la atención de los analistas políticos y reporteros presentes fue la nula mención que se hizo durante la conferencia de prensa hacia el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el general de división Tomás Salgado Cordero. Semanas atrás, ante los cuestionamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Salgado Cordero había asumido de forma discursiva toda la responsabilidad institucional del caso, descartando la existencia de autores intelectuales o escuadrones de la muerte e indicando que los elementos actuaron por voluntad propia debido a la alteración psicológica de ver caer a un compañero de armas.
La tensión institucional quedó de manifiesto al concluir la reunión. Al fondo del recinto se encontraba el jefe de la Policía Judicial del Distrito Federal, el general Luis Roberto Gutiérrez Flores, quien abandonó el edificio a paso apresurado para evadir a la prensa. Al ser increpado sobre las detenciones militares de sus contrapartes, Gutiérrez Flores se limitó a decir de manera cortante que desconocía el asunto y que “mejor se le preguntara a Salgado”, deslindándose de cualquier competencia en el caso. Al filo de las 19:00 horas, diversos mandos superiores del Ejército comenzaron a ingresar de urgencia a las instalaciones de la Sedena tras ser citados de manera extraordinaria para conocer los alcances del expediente penal.
Cronología de la tragedia: De la balacera al hallazgo de los restos
El expediente pericial detalla las fechas clave que marcaron el transcurso de las investigaciones y que obligaron a la intervención del aparato de justicia militar ante el clamor de las familias afectadas:
- 8 de septiembre (Tarde): Se registra una balacera en las calles de Doctor Andrade y Doctor Barajas Lozano, en la colonia Buenos Aires. Fallecen un policía encubierto de los Zorros y el tripulante civil de un vehículo Crown Victoria negro con placas 231 DFX. Vecinos reportan varios lesionados y la detención de tres jóvenes.
- 8 de septiembre (Noche): Familiares de los jóvenes Daniel Colín Enciso, Juan Carlos López e Iván Mora Lecea acuden desesperados ante las agencias de la PGJDF para exigir informes sobre el paradero de sus hijos detenidos en la trifulca.
- 9 de septiembre: Los cadáveres de los tres jóvenes retenidos por el grupo Jaguar son localizados con visibles huellas de ejecución y el tiro de gracia en unas minas de arena desérticas de la delegación Tláhuac. Las madres denuncian formalmente los hechos en la explanada de la procuraduría.
- 27 de septiembre: En una profunda hondonada del Cerro del Ajusco, peritos localizan un cadáver y dos osamentas adicionales. Los análisis químicos de ADN practicados por la procuraduría civil ratifican que los restos óseos corresponden al resto de los jóvenes desaparecidos del operativo.
- 3 de octubre: Son arrestados de forma inicial 19 elementos de la SSP (7 del agrupamiento Zorros y 12 del agrupamiento Jaguares). La fiscalía acusa formalmente al policía del grupo Jaguar, Eleazar Pérez Zavala, de ser el autor material de los homicidios, mientras que a los 18 restantes se les procesa únicamente por el delito de abuso de autoridad.
- 21 de octubre: En un misterioso giro, los propios integrantes del grupo Jaguares reportan como desaparecido a su jefe inmediato, el coronel Moctezuma Zepeda, quien dejó de asistir de forma repentina a sus oficinas de Balbuena desde el 13 de octubre.
Resumen de los Mandos Militares Bajo Arresto
| Oficial Implicado | Cargo de Operación en la SSP | Falta Detectada por la Procuraduría Militar |
| General Brigadier José Lamberto Ponce Lara | Jefe del Agrupamiento Zorros | Desobediencia de órdenes de mando directo y ocultamiento de personal participante (presentó 6 de 21). |
| Coronel de Caballería Jesús Alonso Valdez | Jefe de Motopatrullas | Omisión de funciones de mando para esclarecer los hechos y graves contradicciones en sus declaraciones. |
| Teniente Coronel Moctezuma I. Cepeda Rodríguez | Jefe del Agrupamiento Jaguares | Modificaciones y falsedades documentadas respecto a su bitácora de supervisión vehicular del 8 de septiembre. |
El presidente de la CDHDF, Luis de la Barreda, manifestó de forma contundente su preocupación ante las severas deficiencias detectadas en la averiguación previa de la procuraduría capitalina, advirtiendo que los errores metodológicos en el conteo de los casquillos y la falta de claridad en el número de involucrados consignados amenazan con traducir este doloroso expediente en un manto de impunidad de carácter transexenal. Por su parte, el procurador Thomas, a escasas dos semanas de abandonar su puesto ante el inminente cambio de administración local, aseguró solemnemente que la dependencia “procederá en consecuencia” antes de entregar las riendas de la justicia civil. Los tres mandos militares permanecen recluidos bajo el amparo de la legislación del fuero militar en espera del deslinde definitivo de responsabilidades administrativas y penales.
